El 4,5% de los vascos que fueron hospitalizados en Euskadi el año pasado sufrieron una infección en el centro sanitario. El 3,4% de los que reciben ventilación mecánica suelen contraer una neumonía. Y entre 2012 y 2015 se notificaron 8.000 incidencias leves en la comunidad autónoma, es decir, episodios en los que por fortuna no ha pasado nada, pero que no deben repetirse. De todos ellos, más de un tercio tienen que ver habitualmente con errores en la medicación administrada al paciente en un hospital público o en una clínica privada. Son estadísticas que mejoran año tras año, pero que aún pueden reducirse más si en los centros sanitarios se refuerza la «cultura de seguridad».
Para avanzar en esa dirección, el Gobierno vasco aprobó ayer una norma expeditiva; un decreto que no hace distingos entre las clínicas privadas y Osakidetza a la hora de exigir que la atención a los pacientes sea todo lo segura que se pueda. Además, les pone plazos para ello. En 18 meses los centros sanitarios con régimen de internamiento y cirugía mayor ambulatoria, y en 12 meses el resto, tendrán que presentar planes de seguridad para, por citar un caso, evitar las infecciones nosocomiales, las que se producen en los propios hospitales. O para prevenir errores con fármacos, una situación que ya se intenta prevenir gracias a las pulseras con códigos de barras de los pacientes y a las ‘tablet’ con las que el profesional sanitario de Osakidetza puede leer esos códigos y verificar las medicinas que debe administrar.
El consejero de Salud, Jon Darpón, declaró ayer que el decreto responde al compromiso de «garantizar los máximos niveles de seguridad en el conjunto de los centros sanitarios de Euskadi». A todos ellos, sean de la red pública o de la privada, se les impone una serie de deberes con el enfermo relacionados con el control sanitario. Uno de ellos es diseñar sistemas de notificación para que tanto el usuario como el profesional que lo atiende puedan informar de incidencias que se producen en el día a día y no revisten gravedad ni tienen consecuencias jurídicas. Para dejar claro de qué está hablando, el preámbulo del decreto indica que se trata de «sucesos aleatorios, imprevistos e inesperados que no producen daño al o a la paciente ni pérdidas materiales de ningún tipo».
Fuente: http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/salud/201605/18/gobierno-vasco-exige-clinicas-20160517225429.html